Cofece multa con más de 900 mdp a distribuidores farmacéuticos

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó por 903 millones 479 mil pesos a personas, empresas y distribuidores farmacéuticos por prácticas monopólicas en el mercado de distribución de medicamentos.

Entre los acusados destacan Casa Marzam (Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que actuaron en representación de estas firmas.

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Por separado, la Cofece multó a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar) y una persona física por ayudar en la ejecución de este monopolio de medicamentos.

Según el expediente I0-001-2016, el órgano a cargo de Alejandra Palacios acreditó que los implicados realizaron acuerdos para restringir el abasto de fármacos, al igual que para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos al público en general.

En uno de los casos, expuso la Cofece, hubo un acuerdo entre Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro, con la ayuda de la Diprofar, para no distribuir medicamentos en el país durante los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo, y los días de Viernes Santo y Día de muertos.

“Mediante esta conducta los distribuidores se coludieron para evitar que alguno de ellos, competidores entre sí, abastecieran a las farmacias en los días no laborables. La práctica se llevó a cabo durante un periodo de casi 10 años, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016”, detalló la autoridad antimonopolios.

También comentó que Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para no distribuir o comercializar solamente una cantidad limitada de medicamentos a determinadas farmacias.

Por lo que respecta a las 10 personas físicas que actuaron en nombre y representación de algunas de las empresas sancionadas, la Cofece dijo que serán inhabilitadas para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de dichas empresas, en plazos que van de los seis meses a los cuatro años.

“Una vez que se ha notificado a las partes, los agentes económicos y las personas sancionadas tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece”, puntualizó el organismo.